Las elecciones del 2015 y 2016 fueron un fracaso para el PP, aparentemente incapaz de capitalizar la bonanza económica electoralmente. Pero, de cara al futuro, los dos millones de nuevos empleos es difícil que no alteren en positivo su valoración.
La oposición ha conseguido varías comisiones de investigación contra el PP, que hasta ahora no han roto la tradición de las muchas comisiones de investigación anteriores: mucho ruido y pocas nueces. La izquierda ha presentado una moción de censura ya olvidada, anuncia una vez más un frente social, pero es Ciudadanos quien consigue medidas concretas(reducción del IRPF para rentas inferiores a 14.000€, subida del salario mínimo).
De las negociaciones con el gobierno es el PNV, con cinco escaños, quien se ha llevado la parte del león (fondos, blindaje del Concierto) pues, además, tiene al PSOE en coalición en el gobierno vasco.
La situación socioeconómica está dominada por la excelente evolución macroeconómica con históricas cifras de empleo. La actual expansión económica está en su cuarto año, es difícil que no siga algunos más. La crítica a la creación de empleo es por su calidad, su temporalidad y el nivel salarial, crítica habitual a toda creación de empleo, pero cuyos efectos son inversamente proporcionales a la cantidad de empleo creado.
Las elecciones de diciembre de 2015 y junio 2016, pese a celebrarse ya en una clara recuperación, fueron un cierto fracaso para el PP, aparentemente incapaz de capitalizar la bonanza económica electoralmente. Pero, de cara al futuro, cinco o seis años con dos millones de nuevos empleos es difícil que no alteren en positivo la valoración del partido gobernante, pasando de opción inevitable a garante de la estabilidad socioeconómica.
Aunque el pescado no está ni mucho menos vendido, por un equipo político del PP que desde 2003 solo ha ganado claramente una elección (2011) frente a un PSOE entonces hundido por la gestión económica de Zapatero.
La primera cita electoral serán las elecciones autonómicas y municipales del 2019. En 2015 el PP perdió mucho poder territorial lo que claramente le perjudicó en las siguientes elecciones generales, en contra de la estrategia de sus dirigentes de que los electores se desahogarían con los alcaldes, los gobiernos autonómicos, parlamentarios europeos para después volver al redil.
Sin una recuperación de poder territorial el PP corre un serio riesgo de ir muy limitado a las generales del 2020, pese a la situación económica y el empleo creado. En las últimas de junio 2016 ganó en todas las provincias, menos en Cataluña y el País Vasco, por lo que oportunidades tiene de recuperar gobiernos territoriales.
PSOE y Podemos así parecen haberlo entendido reforzando sus alianzas autonómicas. Ciudadanos, por su parte, tiene su gran desafío en este tema para pasar a ser un jugador político a tener en cuenta para lo que necesita una estrategia territorial y un esfuerzo organizativo extraordinario de sus dirigentes.
Se puede alegar desde luego que 2019 está aún lejos con sus elecciones territoriales. Pero el 1 de octubre de 2017 se presenta inmediato. La celebración de un referéndum unilateral ilegal sobre la independencia de Cataluña se presenta cada día más difícil. La estrategia jurídica y financiera del gobierno de la Nación parece muy sólida, al contrario que la del gobierno de la Generalitat cada día más fragmentada y bloqueada.
Así, el intento de hacer visible el supuesto afán independentista del pueblo de Cataluña con un referéndum minoritario puede claramente fracasar. Lo que no quiere decir que la historia se haya acabado con la no celebración de la consulta, las movilizaciones callejeras y sobre todo la composición del parlamento autonómico casi garantizan la visualización de una afán independentista minoritario, pero políticamente muy visible . ¿Cómo es esto posible?
España es probablemente el país más descentralizado de la UE y más. Esto se ha producido gracias a un constante trasvase de poder político a los entes territoriales, sobre todo a las Autonomías. Trasvase que, al menos en los últimos 25 años, se ha hecho sin la menor exigencia en un mínimo de participación ciudadana, mucho menos en un porcentaje mayoritario del voto favorable sobre el censo.
Como dijo en 2006 Carod Rovira, líder entonces de Esquerra Republicana y contrario al Estatut por insuficiente, con la participación obtenida en aquel referéndum “Kosovo no sería independiente”. Durante más de dos decenios, uno tras otro los parlamentos autonómicos han ido reformando estatutos con participaciones populares sensiblemente inferiores al 50%, lo que sería impensable en cualquier otro país.
Quizás ha llegado el momento de cambiar nuestras reglas para que realmente se cierre el Estado Autonómico, con la posible oposición de nacionalistas y líderes regionales. A medio plazo no serán leyes, jueces, fiscales los que superen debates políticos respaldados por minorías considerables y movilizadas. Será el miedo al fracaso de que los ciudadanos no se molesten en participar. Además de que cabe preguntarse qué sentido democrático tiene seguir en la dirección de reducción del papel del Estado con respaldos populares cada vez mas exiguos.
Se me dirá, con razón, que existe el riesgo de una participación del 70% con un voto favorable de más del 50% sobre el censo. Pero entonces el tema sería otro, por desgracia.