Entre 2014 y hoy se han producido hechos en la política española de una relevancia como no habíamos visto desde la muerte de Franco y la Transición Democrática. En las elecciones europeas de 2014 irrumpieron con fuerza dos nuevos partidos politicos nacionales: Podemos y Ciudadanos. Entonces comenzó un proceso que aún no ha terminado. La ruptura del mapa político nacional, con la pérdida del monopolio compartido durante los últimos casi 40 años, entre el PSOE y el PP. Pero también se está produciendo la crisis de la socialdemocracia como ideología socialmente mayoritaria, lo que empezó en el año 2000 con la primera mayoría absoluta del PP. Ambos fenómenos, con diferencias, se han producido en casi todos los países europeos occidentales. El fraccionamiento de los mapas políticos ha aumentado la necesidad de coaliciones o de gobiernos en minoría. La crisis de la socialdemocracia es también un fenómeno generalizado, agravado paradójicamente por la crisis financiera del 2007/08, la más grave sufrida por el capitalismo desde 1929.
Pero en España se ha producido en estas mismas fechas otro hecho políticamente muy relevante: la crisis catalana, que ha supuesto el fracaso del modelo autonómico como superador de los nacionalismos llamados históricos. El enfrentamiento cada vez más agudo entre los partidos nacionales y los nacionalistas catalanes no sólo ha dado lugar a la aplicación del articulo 155 de nuestra Constitución, con la consiguiente suspensión total del autogobierno, ya por si solo todo un precedente; sino también a una profunda y visible ruptura del consenso social dentro de la propia sociedad catalana, junto con una creciente valoración en toda España de los símbolos nacionales. Un nuevo marco sociopolítico bastante distinto del de hace veinte años. La crisis catalana ha avivado al mismo tiempo las posiciones críticas, si no contrarias, en todo caso mayoritarias con el Estado de las Autonomías, piedra de toque de la Constitución de 1978. Todo un terremoto político, que aparentemente los actuales partidos políticos no quieren, no pueden, no saben atajar.
La socialdemocracia se convirtió en la ideología dominamte en toda Europa, después de la segunda guerra mundial, compartiendo postulados con la cristianodemocracia poniendo ambas el énfasis en las políticas redistributivas. Un modelo europeo alternativo al comunismo. Es decir, respetando el mercado y la propiedad, pero utilizando el poder regulador del Estado en políticas redistributivas. En España las cosas fueron distintas con el paternalismo de la dictadura franquista protagonizando la vida política. Pero desde la llegada de la democracia quedó claro que el socialismo tenía que abandonar el marxismo para ser una alternativa de poder, lo que hizo muy pronto en 1979. La socialdemocracia española ha sido la ideología dominante hasta los años 2000, cuando como en el resto de Europa ha empezado su declive. Las razones son varias, probablemente su propio éxito en implantar el estado de bienestar ha cambiado el énfasis de los electores hacia la eficiencia económica, en una sociedad dominada por los empleos no sindicados del sector servicios.
La alternativa a la socialdemocracia en Europa está siendo el liberalismo, más que la cristianodemocracia. La diferencia estriba en el énfasis en la reformas liberalizadoras junto con la redistribución. A partir de 1996, aún más desde el año 2000 los votantes españoles aceptaron crecientemente la alternativa liberal. La crisis financiera del 2007/08 afectó a todos pero sobre todo a la socialdemocracia española. En 2014 Podemos apareció capitalizando el descontento del 15M en la fase final de la crisis. En diciembre de 2015 hubo la oportunidad de un gobierno de izquierdas en España, ya en junio de 2016 el electorado desconfió de poner en riesgo la incipiente recuperación económica, según esta avanza los sondeos indican ahora el crecimiento del bloque Ciudadanos más el PP. La crisis catalana no ha ayudado a las izquierdas, antes al contrario, siendo Ciudadanos el ganador de la alternativa al separatismo.
Sin embargo sorprende que con un electorado cada vez menos estatista además de poco autonomista, todo lo que se le ofrezcan sean políticas redistributivas o el mantenimiento del estatus quo en materia autonómica. La crisis catalana, la aplicación del artículo 155, el debate de las pensiones, los Presupuestos Generales para 2018 que serán los de 2019 también, todo es pura socialdemocracia. El desafío de la igualdad, ya sea entre géneros o entre salarios, se ignora sin plantear reformas. La crisis del Estado de las Autonomías se quiere convertir en un debate sobre financiación autonómica, que es importante pero no es lo mismo. Los pensionistas contributivos, la mayoría, no ven ninguna medida que reforme sus condiciones como propietarios de vivienda, sanidad a través de seguros, trabajo simultáneo a la pensión. No son medidas redistributivas sino reformas liberalizadoras lo que muchos problemas requieren, lo que mucha gente espera. Las relaciones contribuyente-Agencia Tributaria se han desequilibrado gravemente con la reforma de la Ley General Tributaria de 2015, que la izquierda no hubiera soñado realizar, lo que supone un gran aumento de la presión fiscal no dineraria mientras el volumen de economía sumergida sigue en el 18%, la tercera más alta de la UE. Cuando se abordan los impuestos es una vez más sólo desde el punto de vista redistributivo.
La izquierda no sabe salir del antifranquismo antirreligioso como hecho diferencial, sin propuesta económica social creíble, con el inmovilismo en materia territorial. El PP confía todo a la gestión eficaz de la redistribución. No es de extrañar que las encuestas apunten a un mapa electoral todavía mas fraccionado si cabe, pero ya con la semi jubilación de los dos partidos tradicionales. Podemos por su parte busca la resurrección de un voto 15M combinado con el apoyo a los nacionalismos, como si la crisis catalana no hubiera sucedido ni la creación de medio millón de empleos al año tampoco. Esta estrategia le obliga a una descentralización organizativa que cada vez le es más difícil gerenciar.
Los problemas políticos, económicos, sociales de España son importantes, no muy distintos del resto de los países de la Unión Europea (UE). Nuestra economía es mucho más flexible que hace unos años, pero nuestro endeudamiento y nuestro sector público son mucho más grandes. Seguimos viviendo en el tiempo prestado de los tipos de interés negativos, de la compra de bonos por el BCE. Lo segundo tiene ya fecha de caducidad, septiembre 2018, lo primero tardará más pero todos sabemos que es falso que los acreedores paguen a los deudores, es una burbuja. Con un déficit público del 3% con una economía creciendo al 3% durante cuatro años consecutivos, el cambio de ciclo nos cogerá con muy poco margen. Es más que posible que esto pase en la próxima legislatura, a partir del 2020. Los ciudadanos saben más de lo que los políticos les otorgan, por eso ven la situación política como el segundo problema después del paro, según todos los sondeos.