Rajoy no sólo tiene que tomar medidas inmediatas para reconducir la situación, sino también explicar cambios sustanciales en nuestra Constitución.
Las discusiones políticas para redactar la Constitución de 1978, en unas Cortes democráticas elegidas en junio de 1977, llevaron a un amplísimo consenso entre los partidos respaldado por un voto popular favorable cercano al 88%, con una participación del 67%. Sólo dos grupos parlamentarios se apartaron de este consenso: el PNV y Alianza Popular de Manuel Fraga. Este último decidió abstenerse en el voto parlamentario y recomendó la abstención a sus votantes. Muchos no le hicieron caso. El motivo de las reticencias de Fraga fue el Título VIII referente a las Autonomías, pues consideraba que “el termino autogobierno” podría poner en peligro la unidad de España: ” no queremos ser ni separadores ni separatistas”. Fraga pagó un alto precio personal, criticado duramente durante años por todos, además de político, en las elecciones generales de 1979 bajó considerablemente de 17 a 7 diputados. En 1982 Fraga era líder de la oposición con 106 escaños. Alianza popular primero, el Partido Popular después nunca replantearon este tema, aceptando plenamente la Constitución, desarrollándola en el Estado de las Automías cuando fueron gobiernos.
No se trataba en 1978 de un debate jurídico constitucional, sino de un pacto político del que Fraga en este tema no participó. A nadie se le escapó entonces, tampoco ahora, que el pacto, “el cierre de heridas”, iba dirigido a los nacionalistas vascos y catalanes. Los problemas del Título VIII fueron reconocidos ya en julio de 1982, cuando el PSOE y la UCD intentaron superarlos con la famosa LOAPA ( Ley Orgánica de Armonización Autonómica), que el Tribunal Constitucional anuló por no responder a lo escrito. Pasaron los años, los nacionalistas catalanes son independentistas, los vascos dicen serlo si fuera posible. Muchos españoles pueden preguntarse de qué ha servido el Título VIII, pero sobre todo que hacemos ahora después del 1 de octubre pasado.
Los españoles no estaban preparados para un intento de separación de Cataluña, para ser sinceros más por las seguridades del PP y el PSOE que por lo que decían los partidarios de la independencia. Independencia cuyos detalles institucionales, jurídicos, sociales, financieros e incluso personales han sido a su vez obviados por los independentistas. Un Brexit interno realizado sin garantías de ningún tipo, empezando la ausencia de un respaldo popular realmente mayoritario.
A partir de ahora la Autonomía catalana no parece posible, su gobierno no la quiere. Por lo tanto, lo primero es gobernar Cataluña constitucional y legalmente, pero inmediatamente lo segundo es preguntarse si el actual Estado de las Autonomías dividido entre territorios forales y de régimen común tiene sentido para el conjunto de los españoles, aunque sabemos que sí lo tiene para vascos y navarros, puede tenerlo para catalanes a la vuelta del viaje a la independencia, con valencianos y mallorquines más que atentos. Los fueros en el siglo XX y XXI políticamente suponen sobre todo una diferencia fiscal: quien recauda es quien paga, con el Estado en todo caso haciéndose cargo de las relaciones exteriores en sentido amplio, ostentando el protagonismo en Europa y en el Mundo. En la zona euro del siglo XXI las capacidades fiscales están limitadas, el tándem Merckel-Macron las quieren aun más limitadas. La administración foral que ingresa decide sus gastos en beneficio de su población, después viene marginalmente la contribución al Estado que financia política exterior, pero también pensiones, desempleo, infraestructuras. Es aquí donde está el verdadero privilegio foral.
Del 1978 al 2017 han cambiado muchas cosas en España. Una de ellas la pertenencia a la UE, después al euro. Gracias a ello la estabilidad cambiaria y financiera es hoy infinitamente mayor que en la España que pactó la Constitución. Son Los Estados los miembros de la UE y el euro, son los Estados los que gozan de la credibilidad euro en los mercados mundiales lo que permite financiaciones imposibles para otras administraciones. El inevitable agiornamiento de nuestro Estado de las Autonomías es difícil que mantenga a Cataluña dentro del sistema general, lo que supondrá un cambio sustancial de los ingresos del Estado central que antes o después será identificado por los mercados. El nuevo sistema debería ser neutral tanto para los territorios como para las personas desde el punto de vista político, pero también económico.
La crisis catalana para muchos empieza con el Estatut de 2006 impulsado por Rodríguez Zapatero, Maragall, Esquerra y Convergencia. Con la oposición frontal de Mariano Rajoy y el PP, excluidos por el llamado pacto del Tinel del PSC con Esquerra. La victoria de Rajoy en el 2011 por mayoría absoluta no acercó al PP con Convergencia, declarada independentista a partir del 2014. El futuro no puede ser solo un pacto fiscal, la ley electoral, la educación, tienen que ser parte. No parece razonable que fuerzas nacionalistas, incluso independentistas, puedan jugar el papel de fuerzas parlamentarias visagras. El adoctrinamiento nacionalista no puede ser amparado. No nos engañemos una cosa va unida a la otra, si la estabilidad parlamentaria depende de los nacionalistas el papel del Estado disminuirá en sus territorios. Pero hay otros temas muy complicados como son las pensiones, el desempleo, la garantía de las cuentas corrientes que tienen que ver con la credibilidad financiera de las Administraciones Públicas. Las tres son derechos pero no propiedad de los beneficiarios. ¿De quien se fiarán más los pensionistas, parados, cuentacorrentistas? ¿Son estos elementos básicos de la integración nacional ?
El refranero español nos recuerda que“a grandes males, grandes remedios”.
Los españoles de repente nos encontramos con grandes males políticos. ¿Quiénes serán los que pongan los remedios? Inevitablemente los partidos políticos, aunque en más o en menos casi todos hayan tenido su papel hasta aquí. Rajoy no sólo tiene que tomar medidas inmediatas para reconducir la situación, sino también explicar cambios sustanciales en nuestra Constitución; los independentistas proponen mediadores para estar al mismo nivel que el Estado, cuando esto no avance tendrán que ofrecer a sus seguidores otra cosa; los demás partidos de oposición tienen más fácil ofrecer ideas de futuro, pero la crisis catalana llevará probablemente a una legislatura más corta. Rajoy ha entrado en su tempo lento, que tan buen rédito le dio después de las elecciones de diciembre de 2015. Ahora no serán solo los errores de los demás los que le allanen el camino. La crisis catalana es para el mundo la debilidad española. El paso del tiempo agrandará esta debilidad, sin embargo las reformas necesarias necesitarán sus plazos. Puede que también otras personas.